El Río Uruguay separa los territorios de Uruguay y Argentina. Conforma un ecosistema rico en flora y fauna autóctonas, y es un importante atractivo turístico para la región. A partir del año 2003, dos empresas internacionales expresaron su deseo de establecer sendas plantas procesadoras de madera para celulosa en la márgen del río. El gobierno de Uruguay concedió dos autorizaciones: una a la empresa española ENCE, cuyo proyecto no llegó a construirse y otra a la finlandesa Oy Metsä-Botnia, la cual sí llegó a edificar una planta que se encuentra operativa desde noviembre de 2007.
Las preocupaciones por el daño medioambiental transfronterizo que la instalación de una planta de pulpa de celulosa podría generar llevó a Argentina a elevar protestas por estas operaciones, las cuales terminaron formalizándose en una demanda frente a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia.
En abril de 2010, la Corte emitió su sentencia, en la cual determinó que el gobierno de Uruguay incumplió sus obligaciones frente a Argentina al no consultar ni informar al país vecino antes de autorizar la construcción de la planta procesadora, tal y como se establece en el Estatuto del Río Uruguay de 1975. Sin embargo, la sentencia también afirmó que Argentina no fue capaz de demostrar que la actividad de la planta estaba contaminando el río.
En su sentencia, la Corte reafirma el hecho de que la necesidad de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) constituye hoy en día una obligación de derecho internacional; y aplica el principio de que las actividades desarrolladas por un Estado no deben contaminar el territorio de sus Estados vecinos.
La sentencia presenta una interesante reflexión con respecto a la relación entre desarrollo económico y cuidado del medio ambiente.
